Las características ecosistémicas del Perú lo ubican como uno de los países más vulnerables de la Región frente al CC, siendo la principal fuente de emisiones de GEI el cambio de uso de los bosques por agricultura migratoria. A nivel agropecuario se viene trabajando en la planificación y mejora de la gestión de riesgos (seguros agrario, gestión de cuencas hidrográficas y de suelos); así como, en investigación aplicada y generación de información (censo agrario). En lo que respecta al sector forestal, se viene implementando una nueva normativa dirigida a fortalecer la institucionalidad y los procesos de asignación de derechos de uso del bosque, asimismo se han destinado importantes recursos a actividades que promuevan la conservación de los bosques (Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático).
El Salvador está considerado como uno de los países más vulnerables del mundo. Los eventos extremos asociados a la variabilidad y cambio climático ocurren con mayor frecuencia e intensidad, con severos impactos ambientales, económicos y sociales que están minando seriamente sus posibilidades de desarrollo. Actualmente El Salvador atraviesa por un proceso de reestructuración, definición e implementación de políticas públicas fuertemente volcadas a la reducción del riesgo y la vulnerabilidad como condición necesaria para avanzar hacia la adaptación al cambio climático. Las políticas públicas sobre cambio climático, enfrentan fuertes desafíos marcados por un contexto de fuertes restricciones financieras e institucionales, así como por la severa degradación ambiental. Dichas políticas, si bien insuficientes, reflejan una celeridad importante, así como la búsqueda de senderos innovadores y promisorios que buscan una mayor coherencia de la acción del Estado para la gestión del desarrollo y la adaptación al cambio climático.
En Chile la institucionalidad ambiental tiene escasa incidencia en la gestión pública para hacer frente al Cambio Climático. Si bien el país cuenta con un Ministerio de Medio Ambiente, éste se limita a “integrar la problemática asociada” en las políticas públicas del país y a “coordinar el desarrollo de una respuesta nacional” desde el sector público. La cartera de Estado posee una Oficina de Cambio Climático, que no obstante carece de las atribuciones, los recursos, la dotación y la presencia territorial necesarios para una mayor incidencia. Es así que este informe concluye que Chile debe generar una política de estado explícita y contundente en materia de cambio climático, que otorgue certeza jurídica y seguridad política a las acciones de largo plazo, para blindar las aspiraciones del país de convertirse en un actor relevante en el mercado agroalimentario y forestal internacional, con competitividad socioambiental; que garantice el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; y que permita enfrentar las amenazas, desafíos y oportunidades que surgen del cambio climático, con flexibilidad y visión de futuro
Este informe es un relevamiento de las principales acciones gubernamentales respecto a cambio climático en el sector agropecuario y forestal, el documento analiza  las políticas en términos de su diseño, nivel de implementación y ejecución. Bolivia ha dado grandes pasos en la legislación y programas nacionales que buscan integrar la temática del cambio climático en las distintas áreas del desarrollo, con el fin de responder de manera efectiva los desafíos del cambio climático. Sin embargo, estas políticas son marginales dentro de las prioridades nacionales, insuficientemente atendidas por las instituciones del gobierno y con escasos presupuestos. Bolivia rechaza los instrumentos del mercado para solucionar los problemas de cambio climático, con relación a bosque la propuesta “Vida sustentable del bosque” plantea ver a los ecosistemas de manera integral, sus funciones ambientales y culturales, y no solamente como un reservorio de carbono, considerando además aspectos de mitigación y adaptación de forma conjunta. Si bien esta propuesta ha sido aceptada en la CMNUCC, aún se encuentra en su fase inicial, falta mucho para desarrollar su mecanismo y luego ponerlo en marcha en el país.
La agricultura siempre ha sido un pilar económico y social fundamental en Argentina. Dicha relevancia también se evidencia en las emisiones de GEIs siendo éste el segundo sector emisor. Argentina se caracteriza por una amplia gama de políticas y programas vinculados al sector AFOLU con incidencia en la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, al momento de realizar un análisis de mayor profundidad, se encuentra que muchos programas carecen de financiamiento y por tanto, no dejan de ser una mera expresión de deseos. Esta situación se agrava aún más por la inexistencia de una política nacional de cambio climático que permitiría integrar y armonizar actividades vinculadas con la emisión de GEIs. Estas son algunas de las razones por las que el cambio climático no es una prioridad en la política nacional argentina.
Este informe analiza la situación de las políticas sobre cambio climático y desarrollo en América Latina, específicamente en relación al sector agropecuario y forestal. A partir del análisis comparativo de informes nacionales que se realizaron en 10 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay), el Informe Regional identifica y analiza ciertos patrones y características comunes de la agendas y políticas climáticas de los países estudiados en relación a su nivel de implementación, fortaleza institucional de los organismos encargados de su aplicación, integración con las políticas de desarrollo, participación pública y apoyo político.
Los próximos 01 y 02 de octubre, los ministros del Ambiente del Perú y El Salvador participarán en el foro “Políticas públicas sobre cambio climático y desarrollo: del discurso al cambio”, el mismo que reunirá a especialistas de diversos países de la región, con el fin de dar una mirada estratégica a las diferentes iniciativas y esfuerzos que vienen llevándose a cabo con el fin de enfrentar las amenazas del cambio climático.

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