Jueves, 19 Septiembre 2013 10:27

La Reforma Energética en México: ¿congruente con los compromisos climáticos del país?

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mexico México vive un importante proceso de reformas legales y de política que marcarán importantes cambios en la economía, la sociedad y la política ambiental del país.  Una de las discusiones más importantes es la reforma energética que es parte del paquete que el Presidente Enrique Peña Nieto -quien tomo poder el pasado 1º de diciembre del 2012- presentó al Congreso de la Unión el pasado mes de Agosto de 2013 y cuya discusión tendrá lugar en las próximos semanas/meses.
En el contexto del cambio climático, la reforma energética es un tema de vital importancia por tres razones: el sector energético contribuye con el 67.3%[i] de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el problema climático debido a la quema de combustibles fósiles para la generación de energía; por otro lado, la venta de combustibles fósiles, principalmente petróleo, contribuye con casi el 40%[ii] de los ingresos del país, lo que significa que México tiene una economía petrolizada, razón por la cuál la reforma energética debe de la mano de una reforma fiscal (también en actual discusión) diversificar los ingresos del país y reducir la dependencia de los combustibles fósiles; y finalmente, brindar a toda la población acceso a la energía es un compromiso que tiene el Estado Mexicano, pero también tiene un compromiso de garantizar un ambiente sano, por lo que la energía que la población obtenga debe provenir de fuentes diferentes a los combustibles fósiles y con menores impactos en el medio ambiente y en la sociedad, siendo la energía renovable la opción más viable para el país. Por lo anterior, una reforma energética en México debe ofrecer soluciones que contemplen estos tres aspectos, reducir emisiones, reducir la dependencia de México a las finanzas fósiles y diversificar las fuentes de generación de energía incentivando así una transición hacia un modelo de bajo carbono que garantice el bienestar de la población. No obstante lo anterior, la propuesta presentada por el gobierno federal encabezado por el Presidente Peña Nieto promueve un cambio sustantivo que podría amenazar esta transición: la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece el dominio del Estado en recursos como el petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos y gaseosos, y que señala que “corresponde a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público” [iii], con el fin de abrir a la inversión privada la explotación de hidrocarburos y la generación, conducción y distribución de energía eléctrica.[iv] El interés de abrir al capital privado el sector energético y particularmente el petrolero, que se resume a Pemex radica en que se ha señalado que México es el cuarto país con potencial para extraer gas shale o gas de esquisito.[v] Éste recurso fósil no convencional ha generado un debate a nivel internacional, pues se asegura que países como EE.UU. han aumentado significativamente sus ingresos gracias a la explotación de este recurso[vi]. Pese a ello, su explotación en México bajo las condiciones actuales de Pemex (corrupción, falta de tecnología, de capital y de mano de obra calificada) es de acuerdo a representantes de la institución, imposible. Por ello, se ha señalado que quienes pueden ayudar con dicha explotación es la inversión privada, pero ¿Cuál es el impacto de esto?. El problema de fondo no es la apertura del capital privado, aunque en México existe un historial de que la “privatización” no ha beneficiado a la población, ni ha generado los empleos justos que se prometieron cuando se dieron dichas concesiones, y un caso que lo ejemplifica es el del sector minero, cuyo análisis será presentado próximamente.  Quizá tampoco la modificación de la Constitución es el mayor problema, ya que aunque es sin duda un cambio importante en el marco legal, México no se caracteriza por un amplio cumplimiento del mismo, por lo que el poderoso interés del gobierno federal podría utilizar otros medios para llevar a cabo estas actividades sin modificar la estructura legal. El problema de fondo es que ante una crisis socio-ambiental derivada del cambio climático, en la que México es no sólo responsable, al ocupar la doceava posición de países emisores[vii], (cuando en 2010 ocupaba la decimocuarta posición); también es un país altamente vulnerable como lo señala la Quinta Comunicación Nacional presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC). En ella se habla de que dos de los problemas más graves que enfrenta México en términos de vulnerabilidad son: sequías que se agravaron en los últimos años debido a que desde mediados de 2010 se dio un déficit de lluvias significativas en 19 de 32 entidades del país, teniendo sequías severas que trajeron pérdidas superiores a los 15 mil millones de pesos mexicanos, por las pérdidas de hectáreas de cultivo principalmente; otro problema son los ciclones tropicales que han aumentado en intensidad debido al cambio climático, además de otros impactos vividos a nivel de las ciudades.[viii] Aunado a lo anterior, México es un país con compromisos internacionales de reducción de emisiones de GEI (30% en 2020 y 50% en 2050), además de que cuenta desde Octubre de 2012 con una Ley General de Cambio Climático (LGCC) que avala dichas metas, y dentro de cuales se ha integrado una meta para el sector energético, que señala que para el 2024 México debe generar 35% de su energía de manera “limpia” o diferente a los combustibles fósiles. No obstante lo anterior, con esta nueva reforma energética México está apostando nuevamente a un recurso fósil como eje del sector, que aunque no convencional sigue participando en las emisiones de GEI: El gas shale. El gas shale como el gas natural tiene emisiones, las emisiones de gas natural aumentaron 141.5% en las últimas décadas[ix], prospectiva que va en incremento, lo que advierte que las emisiones de gas shale incrementarían esta tendencia. Lo alarmante es que de acuerdo a estudios realizados por la Universidad de Cornell, la producción de gas shale contribuye en mayor medida con la emisión de metano (CH4) que es 21 veces más potente que el CO2, lo que producirá un efecto de calentamiento más acelerado, aún cuando vive menos tiempo en la atmósfera.  Dicho estudio señala que “en comparación con el carbón, la huella del gas shale es al menos 20% mayor y tal vez más del doble en el horizonte de 20 años y es comparable con el escenario de más de 100 años”.[x] La explotación de gas shale además requiere de una gran cantidad de recursos hídricos, que en el caso de México son escasos como lo señala la Quinta Comunicación, además de que puede tener otros impactos en el subsuelo en donde las perforaciones son llevadas a cabo. Si bien los impactos de este recurso no convencional están siendo aún explorados, es de interés que se trata de un recurso para cuya explotación se requieren altas cantidades de recursos monetarios, se habla de que serán necesarios alrededor de 600 mil millones de dólares en las próximas décadas.[xi] El Presidente Peña Nieto señala que el gas shale puede ser considerado un recurso de transición, sin embargo, se ha señalado que economías como la mexicana pueden transitar hacia tecnologías más eficientes y de bajo carbono, sin atravesar por el sistema de producción de los países desarrollados.[xii] En este sentido, México tiene como pocos países un alto potencial para aprovechar y explotar energías renovables como la solar, la eólica, la geotérmica y la mini-hidráulica y alcanzar con ellas la meta del 35% de energía limpia. Dicho potencial puede ser impulsado con una fuerte inversión, y no sólo los 3 mil millones de pesos mexicanos que la Ley de Aprovechamiento de Energía Renovable y el Financiamiento para la Transición Energética ha establecido, que además es 2500 veces menos que lo que se planea invertir para el gas shale. Por otro lado, es necesaria una fuerte participación del Estado para regular e incentivar el aprovechamiento de energía renovable, a fin de generar esquemas como redes inteligentes de distribución e  interconexión que privilegien el uso de estas tecnologías. De igual forma, es necesario que el Estado establezca mecanismos más eficientes para internalizar las externalidades generadas por la producción de combustibles fósiles a fin de que reflejen los costos reales de los mismos, haciendo a las energías renovables más viables económicamente, lo que debe acompañarse de una reducción de subsidios que deben ser recaudados y redirigidos para el cumplimiento de dichas metas de generación limpia. Si bien la reforma hacendaria que está también en actual discusión habla de la creación de un impuesto a la “enajenación e importación de combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono”[xiii] en el que la tonelada de CO2  tendría un costo de 70.68 pesos mexicanos (23.56 USD) se trata de un impuesto que no aplica a la cadena de producción de combustibles fósiles nacional por lo que la producción de gas shale estaría exenta del pago. Este es un tema que será analizado con mayor detenimiento, pues si bien es un buen paso, aún no ataca el problema de manera integral. El gobierno federal ha señalado que la reforma energética está basada en cinco principios: crecimiento económico, desarrollo incluyente, seguridad energética, transparencia y sustentabilidad y protección de medio ambiente. De igual forma ha celebrado dentro de su primer informe de gobierno como parte de sus metas de crecimiento verde, la publicación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10, 20 y 40, en donde se señala con claridad que el país debe “fomentar la generación de energía mediante el uso de fuentes limpias y tecnologías más eficientes en susti­tución de combustibles fósiles, minimizando su impac­to ambiental y social” (ENCC 2013-2019). Por ello, la reforma como la plantea el gobierno federal no está en armonía con la metas de cambio climático, por lo que es necesario replantear la estrategia o de lo contrario los costos para el país, para la población y para el medio ambiente nacional y global serán muy altos como lo están siendo ya los impactos derivados del problema.   Notas:
[i] CICC (2012). Quinta Comunicación Nacional ante la CMNUCC. SEMARNAT. p, 30. [ii] SENER (2013). Estrategia Nacional de Energía, 2013-2027.
[iii] Para más información ver: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/28.htm?s=
[iv] Para más información ver: http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/ingresos/03_liva.pdf
[v] EIA, México http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Mexico/Mexico.pdf
[vi] Argumento presentado con la propuesta de reforma al Congreso de la Unión.
[vii] Ibíd. p 232.
[viii] CICC (2012). México, Quinta Comunicación Nacional de Cambio Climático ante la CMNUCC. SEMARNAT. p 28.
[ix] Ibíd. 202
[x] Robert W. Howarth, Renee Santoro, Anthony Ingraffea, (2011). Methane and the Greenhouse-Gas Footprint of Natural Gas and Shale Formations. Cornell University. p. 7.
[xi] Jorge Rosas (2013) El Shale gas y la reforma energética en México, en http://economicsforenergy.blogspot.co.uk/2012/03/el-gas-de-pizarra-y-la-reforma.html
[xii] Perkins, R. (2003a).Environmental leapfrogging in developing countries: A critical assessment and reconstruction. Natural Resources Forum 27, p.177-188.i
[xiii] Para ver la propuesta de reforma ver http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/ingresos/03_liva.pdf    
Leído 2312 veces Modificado por última vez el Martes, 10 Febrero 2015 19:34
Sandra Guzmán

Sandra Leticia Guzmán Luna cuenta con una Maestría en Política y Regulación Ambiental por la London School of Economics and Political Science (LSE), es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es especialista en Gestión y Política Energética y Ambiental por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, (FLACSO). Sandra tiene diversos Diplomados en temas como: Derecho Ambiental, Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, Finanzas Públicas y actualmente se encuentra cursando uno en materia de actividades extractivas. Actualmente coordina una red de organizaciones denominado el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) que tiene como objetivo promover la transparencia y efectividad en el manejo de los fondos internacionales y nacionales en materia de cambio climático. También colabora con diversas organizaciones como consultora independiente en temas como política climática, finanzas climáticas y transición energética.
En 2012 colaboró como asesora de política climática en el Programa de Desarrollo Bajo en Emisiones de México en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF México. Sandra colaboró como Coordinadora de Programas en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de 2006 a 2011, trabajando temas como transición energética, movilidad sustentable, calidad del aire, finanzas climáticas, negociaciones internacionales en materia ambiental, marco legal y política climática, derechos humanos y medio ambiente, entre otras cosas. En 2011 Sandra fue Profesora de Política Ambiental en la Universidad del Claustro de Sor Juana y es miembro activo de redes como el Grupo de Financiamiento Climático para México del que es miembro fundador, la Red por la Transición Energética, Climate Action Network Latinoamericana, y fue entrenada en el Proyecto del Clima (Iniciativa de Al Gore) entre otras redes nacionales e internacionales.

Sandra Leticia Guzman Luna holds a Masters Degree on Environmental Policy and Regulation from the London School of Economics and Political Science, she studied International Relations at the University of Mexico (UNAM), and is a specialist in Environmental and Energy Management from the Latin-American Social Science (FLACSO). Sandra also has several Diplomas in topics such as: Environmental Law, Public Budgets with Gender Perpsective, Public Finance and currently is taking one regarding extractive activities.
Sandra is currently coordinating a group of organizations called the Climate Finance Group for Latin America and the Caribbean whose objetive is to promote transparency and effectivenes in the managment of international and national climate finance. She is also an independent consultant in topics such as climate policy, climate finance and energy transition.
In 2012 she collaborated as policy advisor for the Low Carbon Emission Development Programme in Mexico as part of the World Wildlife Fund in Mexico (WWF). Sandra collaborated as Programme Coordinator in the Mexican Center of Environmental Law (CEMDA) from 2006 to 2011, working in topics such as energy transition, sustainable transport, air quality, climate finance, environmental international negotiations, legal framework and climate policy, human rights and environment, among others.
In 2011 Sandra was a Lecturer of Environmental Policy in the Claustro´s of Sor Juana University and she is active member of networks such as the Mexican Climate Finance Group (being a founder member), the Energy Transition network in Mexico, the Climate Action Network in Latin America and was trained in the Climate Project (Al Gore´s initiative) among other national and international networks.

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