Martes, 14 Agosto 2012 08:50

Cómplices del malestar: crecimiento urbano y cambio climático Destacado

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Para 2050 la Ciudad de México tendrá 50% más habitantes. De acuerdo a Jorge Legorreta, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la megalópolis concentrará hacia mediados de siglo 38 millones de habitantes, más de 13 millones de lo que se tiene actualmente, abarcando 4 mil 500 kilómetros cuadrados donde se tendrán las necesidades de agua, drenaje y transporte.
Legorreta señala que la expansión de la población generará mayor presión sobre los bosques, zonas agrícolas y todas las áreas de reserva ecológica que son fundamentales para la urbe. Un ejemplo de la presión que se tiene actualmente en la Ciudad de México es en el tema del agua, el cual ya representa una amenaza por la falta de disponibilidad en varias zonas. A la par, alrededor del mundo se ha reconocido que el cambio climático es una de las amenazas más graves a las que se enfrenta la humanidad y que es necesario darle atención inmediata para evitar un aumento de la temperatura de más de 2º centígrados, momento en que la vida en el planeta, incluyendo la humana, estará gravemente amenazada. Uniendo ambos temas, grandes convenciones internacionales, y la recientes reuniones de G20 y Río+20, retoman dentro de sus declaraciones la importancia de generar acuerdos para dar atención a las causas que han incrementado el problema climático, promoviendo, entre otras cosas, el desarrollo de ciudades sustentables, debido a que el incremento irregular de la mancha urbana alrededor del mundo es una de las principales causas del deterioro ambiental. Actualmente en México, alrededor del 78% de la población vive en zonas urbanas, según un estudio del Inegi de 2012. Esto se debe, principalmente, a la migración de población rural, que por falta de apoyo a las actividades del campo, han visto en esto una solución para buscar empleos y mejores condiciones de vida. Pese a lo anterior, las zonas urbanas ya no tienen suficiente capacidad de albergue y representan zonas de alto costo para gran parte de la población, por lo que los migrantes se ven en la necesidad de asentarse en las periferias o en lugares remotos, sin respetar las zonas de conservación, donde no hay reglas de construcción y no se cuenta con un plan de desarrollo que garantice el acceso a la energía, al agua y a los servicios básicos de manera adecuada. A lo anterior se suma el riesgo que tienen esas zonas ante deslaves, inundaciones, incendios y otros altercados asociados a la ubicación de los mismos. Por otro lado, el aumento de la población en las zonas urbanas y en sus periferias, también trae consigo demanda de infraestructura y combustibles para vehículos tanto públicos como privados, mayor consumo de electricidad para casas y oficinas -muchas veces irregular, pues en estos asentamientos utilizan “diablitos” para acceder a la energía-, aumento en el cambio de uso de suelo de zonas verdes y de conservación por zonas habitacionales, entre otras transformaciones que afectan el entorno tanto urbano como el natural. De esta manera incrementa el número de viajes y la distancia que las personas deben recorrer para llegar desde donde viven hasta donde trabajan, lo que incrementa el gasto de energía y tiempo: 2.5 horas diarias dura el viaje promedio en la Zona Metropolitana del Valle de México. En general, la mala gestión de los asentamientos humanos y la escaza planeación urbana se enlistan como problemas graves ante el cambio climático. Por un lado, el aumento de la población urbana en el mundo, que de acuerdo al Banco Mundial será del 60% para el 2050, podría significar un 100% de habitantes urbanos en el caso de México, y cuya demanda energética y de transporte podría duplicarse, siendo estas las principales fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Por otro lado, muchos asentamientos humanos, y en particular los irregulares, son altamente vulnerables a los efectos derivados del cambio climático, por ubicarse en zonas de alta peligrosidad amenazadas por lluvias, deslaves, y otros problemas como sismos, que ponen en riesgo a la población. Para hacer frente a esto se han propuesto una serie de medidas, como la Ley de Asentamientos Humanos, aún en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados. Esta serviría para regular este crecimiento acelerado, tomando como puntos de partida la coordinación intra-gubernamental, pues este problema es un asunto que compete a diversos niveles de gobierno y a diversos sectores, como gobernación, desarrollo social, economía, hacienda, medio ambiente y por supuesto, a los encargados del transporte público y del desarrollo urbano. Es fundamental reconocer que no se trata de un tema exclusivamente de los gobiernos locales -aunque son ellos los que deben asumir un rol central en el tema-, sino que se trata de una colaboración en diversos niveles.  La federación es corresponsable, pues las limitadas políticas en sectores como el agrícola, están empujando a las poblaciones a migrar hacia las urbes. Por ello, debe haber fondos complementarios de la federación para atender esta problemática y motivar la construcción y desarrollo de ciudades sustentables, que regulen los asentamientos humanos, incitando al desarrollo de ciudades compactas, que promuevan sistemas de transporte eficientes y multimodales, privilegiando la movilidad no motorizada, que inciten a la recuperación de las áreas verdes y de los espacios públicos, respetando los derechos humanos e incluyendo la perspectiva de género como eje transversal para promover una mejor calidad de vida. Pero sobre todo es necesario respetar y promover los esquemas de participación social para asegurar acciones efectivas, de largo plazo y de gran alcance. Este artículo fue publicado originalmente aquí.
Leído 2866 veces Modificado por última vez el Martes, 10 Febrero 2015 19:35
Sandra Guzmán

Sandra Leticia Guzmán Luna cuenta con una Maestría en Política y Regulación Ambiental por la London School of Economics and Political Science (LSE), es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es especialista en Gestión y Política Energética y Ambiental por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, (FLACSO). Sandra tiene diversos Diplomados en temas como: Derecho Ambiental, Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, Finanzas Públicas y actualmente se encuentra cursando uno en materia de actividades extractivas. Actualmente coordina una red de organizaciones denominado el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) que tiene como objetivo promover la transparencia y efectividad en el manejo de los fondos internacionales y nacionales en materia de cambio climático. También colabora con diversas organizaciones como consultora independiente en temas como política climática, finanzas climáticas y transición energética.
En 2012 colaboró como asesora de política climática en el Programa de Desarrollo Bajo en Emisiones de México en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF México. Sandra colaboró como Coordinadora de Programas en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de 2006 a 2011, trabajando temas como transición energética, movilidad sustentable, calidad del aire, finanzas climáticas, negociaciones internacionales en materia ambiental, marco legal y política climática, derechos humanos y medio ambiente, entre otras cosas. En 2011 Sandra fue Profesora de Política Ambiental en la Universidad del Claustro de Sor Juana y es miembro activo de redes como el Grupo de Financiamiento Climático para México del que es miembro fundador, la Red por la Transición Energética, Climate Action Network Latinoamericana, y fue entrenada en el Proyecto del Clima (Iniciativa de Al Gore) entre otras redes nacionales e internacionales.

Sandra Leticia Guzman Luna holds a Masters Degree on Environmental Policy and Regulation from the London School of Economics and Political Science, she studied International Relations at the University of Mexico (UNAM), and is a specialist in Environmental and Energy Management from the Latin-American Social Science (FLACSO). Sandra also has several Diplomas in topics such as: Environmental Law, Public Budgets with Gender Perpsective, Public Finance and currently is taking one regarding extractive activities.
Sandra is currently coordinating a group of organizations called the Climate Finance Group for Latin America and the Caribbean whose objetive is to promote transparency and effectivenes in the managment of international and national climate finance. She is also an independent consultant in topics such as climate policy, climate finance and energy transition.
In 2012 she collaborated as policy advisor for the Low Carbon Emission Development Programme in Mexico as part of the World Wildlife Fund in Mexico (WWF). Sandra collaborated as Programme Coordinator in the Mexican Center of Environmental Law (CEMDA) from 2006 to 2011, working in topics such as energy transition, sustainable transport, air quality, climate finance, environmental international negotiations, legal framework and climate policy, human rights and environment, among others.
In 2011 Sandra was a Lecturer of Environmental Policy in the Claustro´s of Sor Juana University and she is active member of networks such as the Mexican Climate Finance Group (being a founder member), the Energy Transition network in Mexico, the Climate Action Network in Latin America and was trained in the Climate Project (Al Gore´s initiative) among other national and international networks.

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