Jueves, 24 Mayo 2012 13:57

La importancia de la nueva Ley de Cambio Climático en México Destacado

Escrito por 
Este artículo fue publicado originalmente en el Foro Sobre Cambio Climático y Comercio La pronta publicación de la Ley General de Cambio Climático en México, aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, representa un paso firme en la lucha contra el cambio climático en el país y sienta un importante precedente para las discusiones que se llevan a cabo a nivel global. El ejercicio realizado por el poder legislativo es muestra del interés y compromiso que México ha adquirido frente al problema y las siete iniciativas presentadas antes y durante la discusión de la actual Ley General son ejemplo de ello.
Aunado a lo anterior, la participación de los sectores social, académico y privado fueron elementos fundamentales en el diseño y elaboración de la Ley que tras dos años de discusión fue aprobada por el Senado de la República (Cámara de origen) el 15 de noviembre de 2011, y más tarde por la Cámara de Diputados con 280 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el 29 de marzo de 2012, logrando una última aprobación por unanimidad en la Cámara de origen el 19 de abril del mismo año. Sin lugar a dudas, la aprobación de la Ley General fue posible gracias a la construcción participativa que se hizo de la misma, y gracias a una serie de discusiones, eventos y conferencias en donde se reconoció la importancia de la regulación de las medidas que contribuyen con el problema climático, tanto nacional como internacionalmente, siendo la 16a  Conferencia de las Partes  de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16) celebrada en Cancún, México, y  la COP 17  celebrada en Durban,  Sudáfrica,  momentos clave para propiciar las discusiones y la aprobación de la Ley que actualmente está en espera de la aprobación del Presidente de la República para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, momento en el cual tendrá 90 días para entrar en vigor. La Ley General brinda a México una base sólida tanto para promover la reducción de emisiones como para permitir la adaptación a los impactos derivados del cambio climático, siendo su principal objetivo: “Fortalecer políticas públicas, estructura administrativas y de participación social, a través de las cuales se reduzca la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales del país ante el reto que impone el cambio climático; se impulse la transición escalonada hacia una economía competitiva de bajas emisiones de carbono y se contribuya a cumplir los compromisos adquiridos por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante el régimen internacional en la materia”. De esta forma y para dar cumplimiento a su principal objetivo, la Ley cuenta con nueve capítulos, 116 artículos y diez transitorios en donde se resaltan aspectos de suma relevancia como:
  1. El reconocimiento de la necesaria transición hacia una economía competitiva de bajas emisiones en carbono, que regula tanto gases como componentes de efecto invernadero;
  2. La creación y fortalecimiento de una estructura institucional y transversal que atienda el cambio climático, a través de un Sistema Nacional de Cambio Climático que promueve la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios en el combate al problema; así  como la creación de un Institución Nacional de Ecología y Cambio Climático que aumente y mejore la investigación en el tema; además de la consolidación de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático que fomente una mejor coordinación entre el Gobierno Federal y otros actores involucrados;
  3. La definición de criterios y medidas claves para promover la mitigación a través de la generación de energía por fuentes renovables, la promoción de sistemas de movilidad sustentable, el manejo adecuado de residuos y el manejo sustentable de los recursos forestales; así como la definición de criterios de adaptación y reducción de vulnerabilidad a los impactos del cambio climático;
  4. La formulación de una política de largo plazo en materia de cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas estatales y con otras leyes aplicables;
  5. El fomento a la educación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología que privilegie las actividades y tecnologías que contribuyan menos con las emisiones;
  6. La creación de un Fondo Verde Mexicano que promueva un mayor flujo de recursos nacionales a través de la asignación presupuestal, e internacionales a través del mejor control de los flujos dirigidos al combate del cambio climático;
  7. El diseño y promoción de instrumentos económicos y fiscales para incentivar la reducción de emisiones y la participación de actores públicos y privados en la materia;
  8.  La creación de esquemas de participación de sectores como el privado, el académico y el social en el diseño y evaluación de la política climática;
  9. El reconocimiento de metas de reducción de emisiones del 30% al 2020 y del 50% al 2050; así como de las metas de participación de energía limpia en 35% al 2024; y la promoción de la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles como mecanismo para incentivar la participación de la energía renovable; y
  10. La consolidación de esquemas de medición, reporte y verificación de emisiones, a través del registro, la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de la Ley, que contempla un esquema de sanciones.
Y si bien estos diez puntos representan los aspectos más relevantes contenidos en la Ley, la aprobación de la misma no es sino el primer paso de lo que debiera ser un régimen sólido en materia de cambio climático en México. Esto se debe a que la Ley vino a institucionalizar estructuras que ya existían, pero que por falta de obligatoriedad no operaban de manera eficiente. La Ley por lo tanto ofrece dos principales aspectos: una estructura institucional transversal e integral, que dota de atribuciones a las diversas Secretarias de Estados y a los diversos niveles de gobierno, para que actúen frente al problema de cambio climático; y sienta las bases para la consolidación de instrumentos de política pública que establecerán metas, objetivos, responsables y tiempos en que se habrán de reducir emisiones y propiciar la adaptación al problema. Todo ello con una visión de largo plazo que garantice continuidad más allá de los seis años que duran los periodos de gobierno. En este sentido, la Ley es sin duda un paso firme frente al problema, sin embargo, para su eficaz aplicación, será necesario trabajar a la brevedad en un reglamento y/o en varios reglamentos que den pie a la operatividad de la misma. Para ello habrán de fortalecerse aspectos que quedaron irresueltos y/o confusos en dicho instrumento, como el hecho de que las medidas para reducir emisiones se harán de manera gradual y tomando en cuenta el costo –beneficio de las mismas, lo que significa que el país podría seguir apostando a los combustibles fósiles si las tecnologías renovables no se abaratan en las próximas décadas. De igual forma, y debido a las demandas del sector privado, las medidas de mitigación que le corresponden al mismo, serán efectuadas de manera voluntaria, lo que los coloca en un esquema de poco compromiso frente al problema. Además de que no se definen los sistemas de participación pública, pues se habla de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, pero no de otros actores interesados y/ o afectados. Pero sin duda, los aspectos más relevantes a tratar en los próximos meses son las metas que plantean los artículos transitorios de la Ley, como el incremento en 35% de las energías limpias para el año 2024,  que si bien es una interesante meta, en este concepto no queda claro que de este porcentaje será representado por energías renovables; de igual forma, la meta que promueve la transición hacia una tasa de cero por ciento de pérdida de carbono en los ecosistemas originales para el sector forestal, no prevé un año de cumplimiento. Además de ello, un tema fundamental de la ley que quedo irresuelto es lo señalado en el artículo tercero transitorio en el que se había planteado originalmente la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, pero que debido a las quejas del sector privado, fue parafraseado para promover de manera gradual mecanismos de subsidios que den mayores ventajas a los combustibles no fósiles. Así, diversos aspectos deberán ser analizados y tratados no sólo en la reglamentación de la Ley, sino también deberá venir un proceso de armonización del resto del aparato legal, con el fin de hacer que las guías y los principios que enmarca esta Ley trasciendan del sector ambiental, al resto de los sectores involucrados, y lograr así una verdadera transversalidad de la política climática. México ha sentado las bases, y será responsabilidad de los gobiernos venideros, pero sobre todo de la población y de los sectores interesados e involucrados, promover las acciones necesarias para hacer de esta Ley un ejercicio operativo, eficiente y eficaz, que encamine al país hacia un desarrollo bajo en emisiones e incite con un buen ejemplo a que otros países hagan lo propio, pues el tiempo se agota y las acciones y pasos firmes de hoy serán base sólida para el devenir de las generaciones futuras, que ya se encuentran sin saberlo, amenazadas.
Leído 1900 veces Modificado por última vez el Martes, 10 Febrero 2015 19:35
Sandra Guzmán

Sandra Leticia Guzmán Luna cuenta con una Maestría en Política y Regulación Ambiental por la London School of Economics and Political Science (LSE), es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es especialista en Gestión y Política Energética y Ambiental por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, (FLACSO). Sandra tiene diversos Diplomados en temas como: Derecho Ambiental, Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, Finanzas Públicas y actualmente se encuentra cursando uno en materia de actividades extractivas. Actualmente coordina una red de organizaciones denominado el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) que tiene como objetivo promover la transparencia y efectividad en el manejo de los fondos internacionales y nacionales en materia de cambio climático. También colabora con diversas organizaciones como consultora independiente en temas como política climática, finanzas climáticas y transición energética.
En 2012 colaboró como asesora de política climática en el Programa de Desarrollo Bajo en Emisiones de México en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF México. Sandra colaboró como Coordinadora de Programas en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de 2006 a 2011, trabajando temas como transición energética, movilidad sustentable, calidad del aire, finanzas climáticas, negociaciones internacionales en materia ambiental, marco legal y política climática, derechos humanos y medio ambiente, entre otras cosas. En 2011 Sandra fue Profesora de Política Ambiental en la Universidad del Claustro de Sor Juana y es miembro activo de redes como el Grupo de Financiamiento Climático para México del que es miembro fundador, la Red por la Transición Energética, Climate Action Network Latinoamericana, y fue entrenada en el Proyecto del Clima (Iniciativa de Al Gore) entre otras redes nacionales e internacionales.

Sandra Leticia Guzman Luna holds a Masters Degree on Environmental Policy and Regulation from the London School of Economics and Political Science, she studied International Relations at the University of Mexico (UNAM), and is a specialist in Environmental and Energy Management from the Latin-American Social Science (FLACSO). Sandra also has several Diplomas in topics such as: Environmental Law, Public Budgets with Gender Perpsective, Public Finance and currently is taking one regarding extractive activities.
Sandra is currently coordinating a group of organizations called the Climate Finance Group for Latin America and the Caribbean whose objetive is to promote transparency and effectivenes in the managment of international and national climate finance. She is also an independent consultant in topics such as climate policy, climate finance and energy transition.
In 2012 she collaborated as policy advisor for the Low Carbon Emission Development Programme in Mexico as part of the World Wildlife Fund in Mexico (WWF). Sandra collaborated as Programme Coordinator in the Mexican Center of Environmental Law (CEMDA) from 2006 to 2011, working in topics such as energy transition, sustainable transport, air quality, climate finance, environmental international negotiations, legal framework and climate policy, human rights and environment, among others.
In 2011 Sandra was a Lecturer of Environmental Policy in the Claustro´s of Sor Juana University and she is active member of networks such as the Mexican Climate Finance Group (being a founder member), the Energy Transition network in Mexico, the Climate Action Network in Latin America and was trained in the Climate Project (Al Gore´s initiative) among other national and international networks.

Información

PCL

© 2010 Plataforma Climatica Lationamericana

Una iniciativa sin precedentes que busca construir respuestas desde América Latina al problema global del cambio climático

Disclaimer

Contacto PCL

Fundación Futuro Latinoamericano
Secretaría Ejecutiva

Plataforma Climática Latinoamericana
+593-2-223-6351
daniela.contreras@ffla.net

Dirección:
Guipuzcoa E16-02 y Av. La Coruña

Quito - Ecuador

En alianza con

FFLA    Fundación Futuro Latinoamericano Secretaría Ejecutiva de la PCL
     
AVINA    Con apoyo de Fundación AVINA